jueves, 1 de marzo de 2012

Independencia



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Para que el ciudadano se considere plenamente satisfecho ante la jurisdicción ejercitada por un tercero y no incurra en la tentación de retornar a la justicia privada, aquélla ha de aparecer como independiente. Dicha característica debe pregonarse tanto de ese poder en relación con los otros poderes que conforman el Estado, como de los distintos órganos jurisdiccionales entre sí y de los diversos miembros que los componen.

Independencia y Derecho Procesal

De este modo, la jurisdicción se presenta como una potestad estatal, ejercida en régimen de monopolio, que se manifiesta con absoluta independencia en la solución de los conflictos planteados, lo que implica una proclividad a la imparcialidad o, lo que es lo mismo, a la probabilidad de que la decisión emitida atienda a razones de justicia objetiva y no a influencias o intereses espurios de parte.

Por ello, las sociedades humanas establecen un poder encargado de la justicia que esté adornado de la cualidad de independencia, lo que colabora al reconocimiento público del mismo poder y al fortalecimiento y consolidación del propio sistema de organización social.

El hecho de que en los ordenamientos jurídicos se contemple la posibilidad de que la decisión emanada de un órgano jurisdiccional sea revocada por otro tribunal superior, en nada obsta a lo afirmado. La independencia adorna a ambas instancias, sin que la existencia de la segunda en nada influya en la solución adoptada por la primera. Son diversos grados de conocimiento, ambos independientes, previstos para una mejor administración de justicia.

La propia esencia de la función exige esta característica fundamental, fruto de la civilización y muestra de la superación de situaciones primitivas. Difícilmente podría admitirse hoy, con el bagaje cultural presente, el sometimiento de un conflicto a la resolución de una de las partes afectadas, o a un órgano decisorio carente de independencia (equivalente en cierta manera a afirmar que es susceptible de parcialidad).

La Constitución Española destaca el carácter independiente e inamovible de los jueces y magistrados encargados de administrar justicia, añadiendo que no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley (artículo 117.1 y 2). Por ley se establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del Poder Judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos (artículo 127.2).

En los mismos términos, la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículos 1 y 15), la cual añade que, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, los jueces y magistrados son independientes de todos los órganos judiciales y de gobierno del Poder Judicial, no pudiendo además corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico hecha por sus inferiores en el orden jerárquico judicial sino cuando administren justicia en virtud de los recursos que las leyes establezcan; tampoco podrán los jueces y tribunales, órganos de gobierno de los mismos o el Consejo General del Poder Judicial dictar instrucciones, de carácter general o particular, dirigidas a sus inferiores, sobre la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico que lleven a cabo en el ejercicio de su función jurisdiccional (artículo 12).

A mayor abundamiento, la misma LOPJ prescribe que todos están obligados a respetar la independencia de los jueces y magistrados (artículo 13) y que si éstos se consideran inquietados o perturbados en su independencia lo pondrán en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial, dando cuenta de los hechos al juez o tribunal competente para seguir el procedimiento adecuado, sin perjuicio de practicar por sí mismos las diligencias estrictamente indispensables para asegurar la acción de la justicia y restaurar el orden jurídico. A tal fin, el Ministerio Fiscal, por sí o a petición de aquéllos, promoverá las acciones pertinentes en defensa de la independencia judicial (artículo 14).

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Fuente:
Introducción al Derecho procesal, José Martín Ostos. Páginas 35 - 36.