jueves, 1 de marzo de 2012

La jurisdicción, hoy



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En el presente, subsisten diversos sistemas y formas de organización social, pero, sin duda, el Estado, en su actual configuración aparece como la modalidad civilizada más avanzada y útil de convivencia. La jurisdicción se presenta como una manifestación de la soberanía estatal, esto es, una potestad de éste que, a su vez, emana del pueblo.

Jurisdiccion y Derecho Procesal

Pues bien, para la resolución de los conflictos entre los miembros, grupos, órganos y el propio Estado, éste estructura un poder encargado de administrar justicia. Ya no se trata solamente de resolver contiendas desde la autoridad, con expresa prohibición de ejercitar la justicia privada. Ahora nos encontramos ante una parte del Estado dedicada a ese menester, con lo que la potestad pública de la jurisdicción se reviste también de un carácter estatal.

Desaparecida la autotutela, el ciudadano ha de ver sometida necesariamente su hipotética contienda a la decisión de un órgano judicial del Estado, es decir, a la jurisdicción (incluso, los supuestos excluidos, como el arbitraje, los tribunales consuetudinarios y los internacionales son regulados o están previstos legalmente por aquél).

Lo afirmado no es incompatible con la aparición de fórmulas de autocomposición, en las que los individuos logran la solución de sus conflictos por medio de un acuerdo alcanzado pacíficamente entre ellos (por ejemplo, la mediación y la conciliación). Estas nuevas modalidades de solución de contiendas, que alcanzan en la actualidad una sorprendente potenciación, no constituyen una manifestación directa de la jurisdicción, sino que, al igual que sucede con el arbitraje, son modos alternativos autorizados por la ley, de evidente práctica.

- Hoy día, fuera de la jurisdicción estatal, entendida como poder público, no cabe administración de la justicia


Sin embargo, tal vez determinadas manifestaciones de algunos sectores ajenos al Estado necesitarían en su día de un expreso reconocimiento normativo por parte de éste (piénsese, por ejemplo, en las comunidades indígenas de algunas naciones americanas o, en el caso de España, en el pueblo gitano; nuestra sociedad no debe cerrar los ojos a dicha realidad y se impone una razonable aceptación de su ordenamiento jurídico, es decir, una efectiva integración social de estos sectores).

En España, lo expuesto hasta el momento encuentra su fundamento en la vigente Constitución (concretamente, los artículos 24.1, 25, 53.2, 106.1, 117.3, 149.1.5º y 161) y en la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 1, 2 y 4).

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Imagen: Diari de Tarragona

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Fuente:
Introducción al Derecho procesal, José Martín Ostos. Páginas 34 - 35.