lunes, 19 de marzo de 2012

La Acción Popular



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El texto constitucional dispone que los ciudadanos podrán ejercer la acción popular (artículo 125) y que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley, y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar (artículo 119).

Acción Popular - Derecho Procesal

Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los ciudadanos de nacionalidad española podrán ejercer la acción popular, en los casos y formas establecidos en la ley (artículo 19.1), añadiendo que no podrán exigirse fianzas que por su inadecuación impidan el ejercicio de la acción popular, que será siempre gratuita (artítulo 20.3).

En consecuencia, toda persona física o jurídica (no encontramos razón discriminatoria) puede personarse como parte acusadora en un proceso penal (también en el Derecho administrativo se contempla alguna manifestación de participación popular similar, aunque la figura más representativa es la acción penal).

Salvo en los delitos estrictamente privados (reducidos en la actualidad a la injuria y calumnia contra particulares), el ordenamiento jurídico español permite a toda persona constituirse como parte en un proceso penal, por delito público (que son más numerosos), o por delito semipúblico (que son menos y, además, necesitan para su persecución una previa denuncia de la víctima).

Ser parte de la consideración de que la infracción penal afecta directamente al ordenamiento penal de un país y, por tanto, en una parte proporcional y alícuota, también a cada uno de sus miembros, por lo que estos pueden tener interés en la persecución del delito y en el castigo de su autor. El acusador popular interviene junto con el público (el Ministerio Fiscal).

Para evitar abusos (que, a veces, se producen), la ley prevé la prestación de una fianza por parte del querellante popular, proporcional a su patrimonio económico (en la práctica, creciente, si pretendiera aumentar el número de acusadores populares).

Precisamente por los mencionados abusos y, sobre todo, por la creencia de que la acción penal ha de ser ejercida exclusivamente por el Ministerio Fiscal y no por particulares, existe un sector en la doctrina procesal española que se manifiesta en contra de la existencia de la acción popular (aunque reconociendo su actual consagración en el texto constitucional). Por nuestra parte, nos manifestaremos a favor de su mantenimiento y, por supuesto, de una mejor regulación legal (con los factores adecuados de corrección, para evitar abusos). Pensamos que es una institución verdaderamente democrática, que fortalece el entramado de participación social y que en nada obstaculiza la eficaz intervención del Ministerio Público en el proceso penal.

Fuente:
Introducción al Derecho procesal, José Martín Ostos.
Página 67.