viernes, 2 de marzo de 2012

Acción y jurisdicción



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En los momentos históricos de autotutela, cuando el individuo se toma la justicia por su mano, puede afirmarse que acción y jurisdicción se confunden, llegando a ser prácticamente lo mismo, o, mejor, que ambas todavía no existen. El individuo recurre a la primitiva forma de la autotutela cuándo y cómo quiere y puede. No necesita de otro poder o autoridad al que acudir; no existe la acción en su sentido actual, ni tampoco la jurisdicción.

Más adelante, ambas comienzan a perfilarse como conceptos distintos, llegando con el transcurso del tiempo a adquirir identidad propia, como consecuencia del monopolio de la facultad de administrar justicia, de forma que la jurisdicción se identifica con la autoridad y la acción con el individuo.

Frente a la jurisdicción, la acción se presenta como su consecuencia ineludible. Si el Estado se reserva el monopolio de la administración de justicia, hasta el punto de prohibir -e, incluso, sancionar- la justicia privada, lógicamente, el ciudadano ha de tener la garantía de que aquélla se le administrará tan pronto como él lo necesite. Al efecto, se establecen los órganos judiciales adecuados, que se activarán a petición del ciudadano.

Dejando a un lado superadas etapas históricas en las que a cada derecho material correspondía el ejercicio de una acción concreta, hoy día la acción se presenta estrechamente relacionada con la potestad estatal de la jurisdicción. A nadie se le ocurre plantear que el Estado pueda atribuirse en exclusiva la administración de justicia y que el ciudadano no tenga asegurado el derecho a la justicia ante los tribunales. La acción, de este modo, se muestra como la alternativa natural, obligada y consecuente, de la jurisdicción.

Si ello no fuera así, es decir, si como contraposición al poder estatal de la jurisdicción no se reconociera un derecho del ciudadano a la justicia, éste posiblemente retiraría su confianza en el Estado y retornaría paulatinamente a antiguas formas de defensa de sus derechos.

Conforme se ha avanzado históricamente en el proceso jurisdiccional expuesto con anterioridad, en el que de la administración de justicia se ha ido encargando paulatinamente la comunidad organizada, a través de sus tribunales, se ha producido en paralelo un proceso de reconocimiento a todos los miembros de esa comunidad del derecho a que se le administre justicia cuando lo necesiten. Obviamente, mientras más firme y garantizado se encuentre el derecho de los miembros de una colectividad a que se le administre justicia cuando crean que es necesario, mayor será el fortalecimiento de la jurisdicción, repercutiendo todo ello en la paz social.

Fuente:
Introducción al Derecho procesal, José Martín Ostos.
Páginas 61-62.