viernes, 23 de marzo de 2012

La Asistencia Jurídica Gratuita



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Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los derechos fundamentales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Si la Constitución otorga este Derecho a los ciudadanos quiere decir que no se puede privar de él a una persona por carecer de medios económicos. La Ley de asistencia jurídica gratuita reconoce el derecho a obtener asistencia jurídica gratuita a aquellas personas que acrediten insuficiencia de recursos o medios económicos para litigar.

Asistencia juridica gratuita y Derecho procesal

El proceso tiene un coste, es decir, el hecho de impartir justicia en los Tribunales no quiere decir que sea algo que no cueste dinero, es algo que le cuesta dinero al Estado y el Estado se asigna estos costes a través de los presupuestos generales. Para impartir justicia se necesita un local, donde se implanta un órgano judicial, donde se necesitan medios materiales, como ordenadores, mesas... una serie de gastos que el ciudadano cuando acude a reclamar esa justicia no paga, por eso se dice que la justicia es gratuita. No tiene que hacer frente a esos gastos materiales ni tampoco tiene que preocuparse de que haya que pagarle a un juez, ni al secretario judicial, ni al fiscal ni al personal integrante del órgano judicial.

Todo esto genera un coste, el coste del proceso no tiene nada que ver con las costas procesales. El ejercicio de la actividad judicial tendrá un coste que el ciudadano no tiene que hacer frente, pero esto sí tendrá que hacer frente a las costas procesales. Las costas procesales son los gastos que generan los abogados y procuradores, es decir, aquellas personas que tienen un ejercicio libre, que tienen contacto con el órgano judicial, que la parte le solicita un servicio para que lo represente en el juicio y que lo defienda en el mismo. A estos profesionales hay que pagarles, y estas son las costas procesales.

Normalmente cuando el proceso termina, la persona que pierde el juicio es condenada en costas formalmente. La persona que pierde tiene que pagar los honorarios profesionales de su parte, es decir su abogado y procurador, y todos los gastos profesionales de la parte contraria.

En el término de costas se incluyen además otros conceptos, aparte de los honorarios de estos profesionales. Por ejemplo, si se han necesitado testigos, y estos han dejado de ingresar una cantidad determinada porque para venir a testificar hayan dejado de hacer su trabajo, se incluirían estos gastos en las costas.

Estas costas, no deben suponer en un Estado de Derecho, un límite para que el ciudadano pueda acceder libremente a la jurisdicción, por eso es por lo que la Constitución de 1978 recoge el Derecho a la justicia gratuita para aquellas personas que puedan demostrar que tienen insuficiencia de medios económicos (lo dice el artículo 119 de la Constitución, “la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y en todo caso respecto de los que acrediten insuficiencia de recursos para litigar”).

- ¿Es totalmente gratuita la justicia para el ciudadano?


En resumidas cuentas, ¿la justicia es totalmente gratuita para el ciudadano?

No, totalmente gratuita no, es decir, quien acude a la justicia sabe que algo tiene que pagar en el caso de que no se le estime su petición, tendrá que hacer frente a las costas. En determinados casos, cuando va a plantear un recurso, se le exige una fianza, se le exige que de una cantidad.

La Ley de asistencia jurídica gratuita será de aplicación den todos los procesos, incluidos también los recursos realizados ante el Tribunal Constitucional.

- ¿Quiénes son las personas que prestan este servicio?


Además de los abogados, los procuradores, cuando se acredita esa insuficiencia de recursos los dos profesionales que intervienen en el proceso, son los que están incluidos en el consenso de asistencia jurídica gratuita. El abogado, lógicamente, pertenece a su colegio de abogados y los procuradores a su correspondiente colegio de procuradores.

En el caso de que se haga frente a estos gastos, el ciudadano no paga porque admite insuficiencia de medios, pero quiere decir que los profesionales que acceden al proceso, que defienden o representan, ¿no cobran por ello, lo hacen por amor al arte?. Si el ciudadano no tiene dinero, este profesional cobra pero a través del Ministerio de Justicia, que es el que se encarga de dotar a los Colegios profesionales de abogados y procuradores de unas cantidades para hacer frente a estos turnos de oficio.

- ¿Quiénes son los beneficiarios de este derecho?


Tienen derecho a solicitar la asistencia jurídica gratuita, en el orden civil, todos los ciudadanos españoles, también los ciudadanos que sean miembros de la Unión Europea, los extranjeros que residan legalmente en España, siempre y cuando todos ellos acrediten la insuficiencia para litigar. Además las entidades gestoras y servicios de la Seguridad Social, las asociaciones de utilidad pública y las fundaciones que están inscritas en el registro correspondiente.

En el orden jurisdiccional social serán beneficiarios los trabajadores y los beneficiarios del sistema de Seguridad Social, mientras que en el orden penal, tendrán derecho a la asistencia letrada y a la defensa y representación gratuitas, los ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, aun cuando no residan legalmente en España.

- ¿Qué requisitos se exigen para obtener el derecho a la asistencia jurídica gratuita?


Primero, que tengan insuficiencia de recursos. En segundo lugar, que la actuación que pretenda llevar a ante los tribunales sea en interés propio. Se le puede conceder al solicitante si sus ingresos económicos no superan el doble del salario mínimo interprofesional, y para esto hay que evaluar la unidad familiar, es decir, se entiende por unidad familiar la que esta formada por los cónyuges y por los hijos menores. Los ingresos que obtengan los cónyuges se suman anualmente, no solamente sus salarios sino todo lo que se perciba. El salario mínimo interprofesional lo fija a finales del año el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Trabajo.

El solicitante de la justicia gratuita debe indicar también cual es su nivel de renta, tiene que presentar su impuesto de renta de persona física y también para valorar la economía de la unidad nacional se puede tener en cuenta también signos externos que puedan demostrar un nivel determinado, como puede ser la existencia de varios cosas de lujo, una buena casa, etc.

Las personas jurídicas pueden solicitar asistencia jurídica gratuita, pero ahora el criterio que se utiliza es otro, siendo el límite el triple del salario interprofesional.

- ¿Cuándo se pide el derecho?


Este derecho se pide antes de plantear la demanda, y, si es la parte pasiva, antes de la contestación a la demanda. Esto quiere decir que si la demanda ya ha sido planteada y no ha sido solicitado este derecho ya no se puede solicitar. Si la parte pasiva o demandada ha contestado a la demanda y no ha solicitado previamente este derecho, ya no va a poder disfrutarlo. Hay una excepción, cuando pueda acreditar que una vez que ha presentado la demanda ha sobrevenido una circunstancia que no conocía y esa circunstancia permite solicitar el derecho.

Una vez que se pide la asistencia se solicita la asistencia de un abogado y un procurador. Esta asistencia se concede provisionalmente, hasta que así lo dicte ya con carácter definitivo la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.

- ¿Cuáles son las prestaciones que se incluyen en la asistencia jurídica gratuita?


Si estamos en un proceso civil, se incluye el asesoramiento previo para ver si me conviene o no empezar un pleito.

En el penal, tendrían derecho a la asistencia de abogado el preso que ante un delito no tuviese abogado, al que se le nombraría un abogado de oficio. Para todas las actuaciones que se realicen ante la comparecencia con la policía, las declaraciones si las va a realizar ante la policía o no, las actuaciones posteriores, como la declaración ante el juez es obligatoria el acompañamiento por un abogado.

- ¿Cuál es el órgano competente para reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita?


El órgano competente es la Comisión de asistencia jurídica gratuita, que se situarán en cada capital de provincia y también hay otra en Madrid que se la llama la Central.

Forma parte de estas comisiones un miembro del Ministerio fiscal, que preside, además de un abogado del Estado o bien si es provincial un letrado de la Comunidad Autónoma correspondiente. Un funcionario del grupo A y los letrados de los colegios de abogados y procuradores.

Tanto los colegios de abogados como los colegios de procuradores ponen a disposición de la Comisión una lista de las personas que se han inscrito en los turnos de oficio.