jueves, 1 de marzo de 2012

Exclusividad



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Desde el momento en que el Estado se atribuye en exclusiva la potestad jurisdiccional, queda prohibida toda manifestación particular. En efecto, sólo al Poder Judicial, como a uno de los tres pilares esenciales de aquél, le corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (quedan atrás en nuestra historia los Tribunales de Honor, por ejemplo, establecidos en el seno de algunas corporaciones profesionales y compuestos por miembros no pertenecientes a la carrera judicial, que procedían a un enjuiciamiento ajeno por completo a las garantías consustanciales de un Estado de Derecho).

Exclusividad y Derecho Procesal

Este monopolio se complementa, además, con la necesidad de que todos los órganos jurisdiccionales que administren justicia sean nacionales y estén dedicados únicamente a tan importante función (por razones de coherencia política y de utilidad social).

Sin embargo, dicho presupuesto cede en algunas ocasiones. Un conocido supuesto lo representa el arbitraje, peculiar sistema de solución de conflictos civiles, al que en muchos países la ley reconoce eficacia jurisdiccional. También contemplan los ordenamientos jurídicos el reconocimiento y ejecución de resoluciones dictadas por tribunales de países extranjeros (o por órganos supranacionales). En cuanto a la dedicación exclusiva jurisdiccional, amén de ser excluyente para terceros, la ley permite, igualmente, que los órganos judiciales se encarguen de otras tareas no estrictamente jurisdiccionales (Registro Civil, control de las elecciones...).

Pero, estas excepciones, que también se producen en nuestro país, están expresamente reconocidas por la ley, que determina con precisión su contenido, alcance y efectos.

La Constitución española proclama que el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, y que aquéllos no ejercerán más funciones que las mencionadas y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho. Además, la Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad. En cuanto a Tratados internacionales, se puede autorizar su celebración atribuyendo a una organización o institución el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Además, los jueces, magistrados y fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos.

También la LOPJ destaca el carácter exclusivo de la potestad jurisdiccional, que sólo corresponde a los juzgados y tribunales, aunque, a las funciones de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, les añade las de registro civil y cuantas les sean expresamente atribuidas por ley (artículo 2). El mismo cuerpo legal dispone que los juzgados y tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en aquellos casos en que les venga atribuida por ley (artículo 9.1).

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Fuente:
Introducción al Derecho procesal, José Martín Ostos. Páginas 40 - 42.