jueves, 1 de marzo de 2012

Legislación



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Al poder legislativo, compuesto por los representantes del pueblo español elegidos democráticamente, le corresponde la elaboración y la aprobación de las leyes, dirigidas a la generalidad de la nación y cuya aplicación incumbe al poder judicial. Es la principal diferencia, obviamente, entre ambos poderes.

Legislacion y Derecho Procesal

Mientras el primero se encarga de aprobar la ley, tras un laborioso procedimiento de debate, para la regulación de los diversos aspectos de la sociedad y de sus miembros, al segundo se le atribuye la tarea de aplicarla a cada caso concreto. El poder legislativo crea el Derecho regulador del Estado, al cual se han de someter todos sus miembros y órganos (entre ellos, los judiciales); estos últimos tiene como función principal la resolución de los litigios que se les plantean y ello lo realizan con la aplicación (después) estricta y fiel del Derecho creado por el primero. Naturalmente, ambos poderes, con diferentes tareas, sirven al interés general.

En ciertos períodos históricos de algunos países (entre ellos, España), al órgano legislativo le ha correspondido algunas tareas jurisdiccionales (por ejemplo, el enjuiciamiento de determinadas autoridades). Pero esto se ha manifestado de modo excepcional. No ha sido precisamente lo normal. Son órganos diferentes, y complementarios (ambos conforman, junto con el ejecutivo, el Estado) con una clara separación de funciones.

Dicho carácter complementario se detecta también en la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales puedan plantear una cuestión de inconstitucionalidad respecto de una concreta norma vigente. Pero no pueden dejar de aplicarla motu proprio.

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Fuente:
Introducción al Derecho procesal, José Martín Ostos. Páginas 44 - 45.