viernes, 2 de marzo de 2012

Naturaleza y contenido de la acción



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El derecho a la tutela judicial efectiva es fundamental y de clara naturaleza pública. El derecho a la justicia no queda reconocido y satisfecho solamente con el libre acceso de los ciudadanos a los tribunales. Ello podría constituir, en su caso, el primer requisito mínimo, pero el sentido común exige que al ciudadano no se le garantice solamente el acceso formal a la justicia, sino que, además, se le reconozca el derecho a que se le administre ésta de modo eficaz y conforme al Derecho.

Los miembros de una comunidad tienen, pues, derecho a que, bajo determinados requisitos, en el supuesto de estimarlo necesario, se les garantice su acceso a los tribunales. Es decir, tienen la acción, entendida ésta inicialmente como facultad de activar la jurisdicción (lo que constituye la manifestación formal de la primera). Pero, además, tienen derecho a que los tribunales del Estado, por medio de los correspondientes mecanismos procesales y con respeto absoluto a lo establecido en la ley al respecto, le administren justicia adecuadamente, resolviendo su pretensión de forma ajustada a Derecho (aspecto sustancial de la acción).

En otras palabras, no basta con el reconocimiento del derecho a acceder a la justicia (requisito previo e imprescindible, como hemos dicho), sino que es necesario que ésta se le administre adecuadamente, concediéndole o no la estimación de su pretensión en función del oportuno fundamento jurídico de la misma.

En consecuencia, el derecho a la administración de justicia habrá de desembocar, tras la sustanciación debida, en la resolución definitiva del proceso, la cual, a su vez, podrá ser estimatoria o no de la pretensión de la parte. El derecho de acción le garantiza al ciudadano la posibilidad de plantear su cuestión ante los tribunales, con el consecuente desarrollo procesal y con el definitivo dictado de una resolución sobre su pretensión, pero no el sentido de dicho pronunciamiento judicial, ya que éste dependerá de que la pretensión sea o no ajustada al Derecho (de ahí la importancia de motivar las resoluciones principales del proceso, explicando a ambas partes las causas que han originado dicho pronunciamiento).

Ello implica que el derecho de acción contiene el reconocimiento de todo un cúmulo de derechos, obligaciones, expectativas y cargas procesales, incluido el planteamiento de todos los incidentes posibles, de todos los trámites legales y de todos os recursos pertinentes. La acción no se realiza de forma absoluta con su simple ejercicio inicial, sino que requiere que se complemente satisfactoriamente con toda la tramitación posterior, incluida la resolución de la declaración judicial obtenida en su caso.

Fuente:
Introducción al Derecho procesal, José Martín Ostos.
Páginas 62-63.