jueves, 1 de marzo de 2012

Profesionalidad



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La jurisdicción se organiza judicialmente por medio de Juzgados y Tribunales, servidos por el personal apropiado, con jurisdicción en todo el territorio nacional.

Profesionalidad y Derecho Procesal

Con objeto de que la independiente labor de la potestad jurisdiccional se desarrolle con reales posibilidades de acierto, desde tiempo inmemorial aquélla se encarga a determinadas personas que, con su constante y exclusivo ejercicio, alcanzan a convertirse en verdaderos especialistas de la función encomendada.

En la actualidad, son los jueces y magistrados quienes, generalmente en régimen de única dedicación y tras las pertinentes pruebas de selección oficial, se dedican a ello. De este modo, los Estados disponen de una serie de profesionales experimentados en la tarea, lo que también repercute en la confianza social concedida a la justicia. El problema se plantea en los supuestos autorizados en algunos ordenamientos jurídicos que contemplan jueces legos (jurados), cuando no de provisión temporal (sustitutos...), de elección popular o (lo que puede acarrear perniciosos resultados) de directa designación por el poder ejecutivo, a ninguno de los cuales se les exige la previa preparación técnica.

El problema se plantea en los supuestos autorizados en algunos ordenamientos jurídicos que contemplan jueces legos (jurados), cuando no de provisión temporal (sustitutos...), de elección popular, o (lo que puede acarrear perniciosos resultados) de directa designación por el poder ejecutivo, a todos los cuales no se les exige la previa preparación técnica.

La complejidad creciente de la normativa nacional y internacional vigente en un país obliga cada vez más a la necesidad de disponer de una plantilla de profesionales amplia y perita en Derecho. Abogar por lo contrario, especialmente en las instancias superiores, encargadas del conocimiento de los asuntos y de los recursos de mayor dificultad, no conduce precisamente a lo expuesto con anterioridad.

En España, la Constitución dispone que los jueces y magistrados están sometidos únicamente al imperio de la ley y que les corresponde el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, según las normas de competencia y procedimiento que las leyes establezcan. Obviamente, la complejidad del ordenamiento jurídico actual exige una profesionalidad y unos conocimientos especializados, a la par que una dedicación exclusiva, a quienes se dedican a dicha tarea. Por ello, el mismo texto fundamental añade que no ejercerán más funciones que las citadas y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho (artículo 117.4); en el mismo sentido la LOPJ, que añade las de registro civil (artículos 1 y 2).

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Fuente:
Introducción al Derecho procesal, José Martín Ostos. Páginas 37 - 38.