viernes, 2 de marzo de 2012

Regulación legal de la acción



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La Constitución proclama que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión (artículo 24.1). Además, añade que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley, y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar (artículo 119).

Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidos en la Constitución (entre los que se encuentra el citado artículo 24.1 CE) vinculan, en su integridad, a todos los jueces y tribunales y están garantizados bajo la tutela efectiva de los mismos. En especial, los derechos enunciados en el artículo 53.2 CE se reconocerán, en todo caso, de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado, sin que las resoluciones judiciales puedan restringir, menoscabar o inaplicar dicho contenido. Los juzgados y tribunales protegerán los derechos e intereses legítimos, tanto individuales como colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Para la defensa de estos últimos se reconocerá la legitimación de las corporaciones, asociaciones y grupos que resulten afectados o que estén legalmente habilitados para su defensa y promoción (artículo 7).

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los juzgados y tribunales, de conformidad con el principio de tutela efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución, deberán resolver siempre sobre las pretensiones que se les formulen, y sólo podrán desestimarlas por motivos formales cuando el defecto fuese insubsanable o no se subsanara por el procedimiento establecido en las leyes. En consecuencia, las resoluciones judiciales sólo podrán dejarse sin efecto en virtud de los recursos previstos en la ley y las sentencias se ejecutarán en sus propios términos (artículo 18.1 y 2). Asimismo, la justicia será gratuita en los supuestos que establezca la ley.

Fuente:
Introducción al Derecho procesal, José Martín Ostos.
Página 66.