jueves, 1 de marzo de 2012

Sometimiento a la ley



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De nada serviría lo anteriormente expuesto si la actuación jurisdiccional no se adecuara a la ley. Órganos y personas que lo integran deben atender a ella por encima de cualquier otra consideración. Representa la mejor manifestación del correcto funcionamiento de la jurisdicción y la garantía para los ciudadanos de que todo se ajusta a lo previamente dispuesto.

Sometimiento a la ley y Derecho Procesal

Esta exigencia ha de aplicarse a todos los aspectos, sin excepción, del ejercicio de la potestad jurisdiccional. En este sentido, la determinación legal del órgano encargado del conocimiento de un asunto, la constitución de éste, su funcionamiento conforme a la ley (con todas las eventualidades procesales incluidas), etcétera, componen un armónico sistema en el que nada (especialmente, si reviste importancia) debe dejarse a la improvisación o a la discrecionalidad.

Hemos de hacer hincapié en el juez (o tribunal) legal o natural predeterminado por la ley, exigencia fundamental a todo órgano, sea cual sea su competencia, en aras de su neutralidad e imparcialidad y, en consecuencia, radicalmente incompatible con la creación ad hoc de un tribunal de excepción para el caso concreto.

Llamamos la atención sobre la importancia de la composición de los tribunales colegiados conforme a normas anteriormente establecidas, así como sobre los turnos de reparto entre los órganos del mismo orden y grado, vías éstas de posible infracción de las preceptivas normas de competencia. No cabe el mismo recelo respecto de la existencia de aforamientos, cuya regulación no infringe necesariamente lo establecido al efecto.

En un Estado de Derecho, la legitimación de la ley y, por tanto, de la justicia, emana del pueblo, que se manifiesta a través del correspondiente poder legislativo conformado de acuerdo con los resultados de democráticos procedimientos electorales.

La Constitución establece que los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial están sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de la ley, y que no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley. Además, los juzgados y tribunales están determinados legalmente y han de actuar conforme a unas normas de competencia y procedimiento igualmente establecidas. La ley regulará el estatuto del Ministerio Fiscal, la forma del Jurado, la policía judicial, el asociacionismo profesional de jueces y magistrados, así como su régimen de incompatibilidades.

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Fuente:
Introducción al Derecho procesal, José Martín Ostos. Páginas 42 - 43.