martes, 7 de agosto de 2012

El Proceso



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La importancia del proceso, que incluso da nombre a esta disciplina jurídica, es tan grande que a través de él se resuelven las contiendas entre los ciudadanos. En efecto, lo primero que se percibe al aproximarnos al mismo es su carácter instrumental en orden a la resolución de conflictos. Con acertada o deficiente estructuración y regulación, según cada momento histórico, el proceso ha sido y continúa siendo hasta la fecha el mejor medio conocido de la humanidad para poner fin a las desavenencias entre sus miembros (se entiende, lógicamente, una vez agotados otros medios pacíficos, como la mediación, etcétera). La alternativa a este medio, vehículo o cauce, útil producto de la civilización, sería la imposición de la voluntad arbitraria de una parte por medio de la fuerza.

Como su etimología expresa, el proceso se compone de una serie sucesiva de actos, que culmina en una conclusión. Ello es también válido para cualquier manifestación de la vida y, así, hablamos de proceso químico, de proceso electoral, de proceso de desarrollo, de proceso legislativo o de proceso artístico, entre otros. Por lo que atañe a la justicia, las actuaciones procesales, esto es, la sucesión de actos que se producen en el curso de un proceso, persiguen igualmente un fin, en este caso una decisión, el enjuiciamiento definitivo de la cuestión sometida.

En un ejercicio meramente especulativo podemos afirmar que la jurisdicción y la acción son anteriores y que solamente tras ellas aparece el proceso. Ello, que pensamos que es cierto, aunque con trascendencia exclusiva en el plano de los conceptos, no deja de subordinarse a la realidad incuestionable de la actividad procesal. Sin este vehículo, todo lo demás sobra. De nada sirve una construcción en torno a la jurisdicción y a la acción, si no se completa con la eficaz realidad del proceso. Es verdad que también podríamos afirmar lo contrario, en la creencia de que el proceso se manifiesta como la concreción de la jurisdicción y de la acción en movimiento. Naturalmente que son conceptos que se completan entre sí y que pretender diseccionarlos por separado, sin mutua influencia e interrelación, sería una tarea incompleta e inútil. Pero, admitiendo, la unidad de los tres conceptos fundamentales, no podemos olvidar el carácter práctico y cotidiano, a pie de tierra, que tiene el proceso, con una evolución creciente, frente a la naturaleza relativamente estática de los otros dos pilares fundamentales. Mientras la evolución de la jurisdicción y de la acción a lo largo de los siglos se limita a unos hitos fundamentales, importantes naturalmente, y su reforma futura, aunque posible, se circunscribe a unos límites concretos, en orden a garantizar la debida organización y el correcto funcionamiento de los tribunales, así como el libre acceso de los ciudadanos a la justicia, por el contrario el proceso aparece como un cauce instrumental en constante movimiento y evolución a través del tiempo, e, incluso, hoy día, todavía muy lejano del modelo definitivo al que aspiramos (que por su dinamismo interior, posiblemente se trate de una meta inalcanzable, y a lo máximo que podemos aspirar es a su aproximación, nunca a su total consecución, dada la relatividad histórica en la que se desenvuelven las conquistas procesales).

La sucesión de actos en que consiste el proceso, si la aplicamos a la presente asignatura adquiere un carácter judicial de forma que entonces se trata de una serie de actuaciones reguladas por ley y que van encaminadas a la obtención de un resultado jurisdiccional determinado (en este caso, el dictado de la resolución que pone término al mismo). También, en el terreno puramente jurídico, cabe hablar de proceso sin aludir a la administración de justicia (por ejemplo, se puede hablar del proceso de formación de la voluntad en un órgano colegiado).

Aunque en teoría un proceso judicial podría ser iniciado con diversas intenciones (por ejemplo, amedrentar al deudor para que pague), lo frecuente es que su finalidad sea claramente jurisdiccional; con él se persigue la consecución de un pronunciamiento jurisdiccional favorable a la pretensión del que lo pone en marcha. Queda fuera de la lógica humana poner en marcha la actuación jurisdiccional bien para beneficiar solamente a la parte contraria, bien para obtener un resultado indiferente a ambas. Lo razonable es que, tras una desavenencia surgida entre dos partes, y agotados los cauces normales y extrajudiciales de solución del conflicto, se acuda a los tribunales en busca de un definitivo y legal pronunciamiento judicial que ponga fin a la cuestión planteada. La solución, conseguida a través de la vía procesal, vendrá revestida de autoridad estatal. Para lograrla está previsto el proceso.

El Estado, por medio de la jurisdicción, previamente activada por la acción, utiliza el instrumento procesal como medio de solución de conflictos. En consecuencia, a través del tiempo se ha ido perfilando un cauce en el que los poderes y los contrapesos de las partes están bastante equilibrados, gozando de suficiente confianza social. El proceso, de este modo, se presenta como el mejor instrumento posible para la solución de los conflictos, una vez descartada como se ha dicho la recomendable vía pacífica de entendimiento entre los litigantes. Si no hay acuerdo, pues, se acude al Estado, en evitación de males mayores, para que solucione el conflicto.

En el terreno penal, la citada iniciativa procesal no queda al arbitrio de la parte directamente ofendida, sino que, en casi todas las situaciones de presunta comisión de un delito, es el propio Estado el que, por medio de un órgano específico establecido ad hoc (el Ministerio Fiscal), pone en marcha la actuación procesal. Entonces se considera que la infracción penal ha ofendido a la sociedad (además de a la persona afectada) y, al tratarse de una cuestión de orden público y tener que resolverse por normas de ius cogens, es la sociedad la que actúa poniendo en marcha el mecanismo procesal (aunque también puede iniciarse a instancia de parte, por medio de la denuncia y de la querella). En realidad, al considerarse que el ilícito penal afecta a toda la comunidad, el planteamiento es similar al expuesto más arriba: la parte afectada (la sociedad) acude al Estado para que a través del proceso solucione el conflicto planteado (con la aplicación del ius puniendi).

A este proceso judicial se le ha pretendido explicar de muchas maneras. Para unos, se trata de un contrato; para otros, de un cuasicontrato; hay quien lo explica como la nueva situación jurídica nacida; no faltan quienes afirman que consiste en una relación jurídica surgida entre sus protagonistas; también, quien lo considera una institución. Pero todos están de acuerdo en su naturaleza instrumental, como medio adecuado, para la resolución de contiendas.

La Constitución dedica diversos preceptos, bien de forma directa bien indirectamente, a la regulación del proceso (por ejemplo, el artículo 120), pero, sin duda, la referencia más importante es el reconocimiento del derecho fundamental a un proceso público, sin dilaciones indebidas y con todas las garantías (además del derecho a la prueba, etcétera) recogido en el apartado dos del artículo 24. La expresión "con todas las garantías" resume la consideración pública del proceso en el momento histórico actual. No se trata de cualquier proceso, sin de uno que reúna todas las garantías, esto es, de aquél que en este momento satisfaga completamente las pretensiones de los ciudadanos y las exigencias del Estado.

Fuente:
Introducción al Derecho procesal, José Martín Ostos.
Páginas 85-87.