miércoles, 26 de septiembre de 2012

El Coste del Proceso



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
El proceso conlleva un coste de diversa índole. Así, en primer lugar, para el Estado representa un gasto económico, ya que la litigiosidad exige un tratamiento por parte de órganos judiciales, con personal capacitado e instalaciones adecuadas, que no se improvisan. Además, la actividad procesal implica un coste social importante; en el ámbito penal, hay que añadir un plus con la ejecución de la condena, en su caso.

Para el litigante, también tiene consecuencias, incluso no directamente económicas; le puede afectar en los terrenos familiar, psicológico, laboral... (piénsese de nuevo en la justicia penal y sus consecuencias sobre la víctima y el imputado, aunque no solamente en este orden jurisdiccional).

La Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que en todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe y que no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales, añadiendo que los órganos judiciales rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de Derecho o entrañen fraude de ley o procesal (artículo 11.1 y 2).

Por lo que se refiere estrictamente al aspecto económico, la parte procesal sufre igualmente sus secuelas; los gastos de abogado, procurador, peritos, etcétera, conforman diversas partidas de notable relevancia. A ellas atienden las costas, que representan el coste económico del proceso; al final de éste se determina cuál de las dos partes ha de hacer frente a los gastos producidos. Existen varios criterios de imposición. Adelantemos que cabe la condena en costas a uno de los litigantes, pero que también es posible que se imponga de oficio (en cuyo supuesto, no es que las abone el Estado, sino que cada parte corre con las suyas).

Nuestro ordenamiento jurídico contempla el supuesto de las personas que, careciendo de suficientes recursos económicos, desean litigar o se ven involucrados involuntariamente en el proceso. Para estas situaciones existe la asistencia jurídica gratuita, con el fin de evitar que los más desfavorecidos se vean privados de su constitucional derecho a recibir justicia. El establecimiento del turno de oficio atiende a la mencionada finalidad.

No obstante, hemos de referirnos a dos supuestos, que han venido a modificar en parte la situación lograda:

A) Las tasas judiciales, es decir, el coste oficial que la justicia como servicio público representa para el ciudadano, fueron suprimidas en 1986. Sin embargo, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de acompañamiento de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003, se estableció una tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo.

B) También, por Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, se estableció la obligación de un depósito para recurrir, actuación procesal que hasta entonces venía siendo gratuita. En efecto, la interposición de recursos ordinarios y extraordinarios, la revisión y la rescisión de sentencia firme a instancia del rebelde, en los órdenes jurisdiccionales civil, social y contencioso-administrativo, precisarán de la constitución de un depósito a tal efecto, conforme a las siguientes características:

- En el orden penal este depósito será exigible únicamente a la acusación popular. En el orden social y para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales, el depósito será exigible únicamente a quienes no tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social.

- El depósito únicamente deberá consignarse para la interposición de recursos que deban tramitarse por escrito.

- La cantidad oscilará entre 30 y 50 euros, según el caso.

- El Ministerio Fiscal queda exento de dicha obligación.

- Al notificarse la resolución a las partes, se indicará la necesidad de constitución de depósito para recurrir, así como la forma de efectuarlo.

- No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido.

- Si se estimare total o parcialmente el recurso, o la revisión o rescisión de sentencia, en la misma resolución se dispondrá la devolución de la totalidad del depósito.

- Cuando se inadmita el recurso o la demanda, o se conforme la resolución recurrida, el recurrente o demandante perderá el depósito, que se destinará a sufragar los gastos del derecho de asistencia jurídica gratuita y a la modernización e informatización de la Administración de justicia.

- La exigencia de este depósito será compatible con el devengo de la tasa exigida por el ejercicio de la potestad jurisdiccional.

Fuente:
Introducción al Derecho procesal - José Martín Ostos