martes, 2 de octubre de 2012

El Principio de Oficialidad en el Proceso Penal



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En virtud de principio de oficialidad, el proceso penal se inicia de oficio y su objeto se delimita del mismo modo. El fundamento se halla en la naturaleza del derecho material en cuestión, el ius cogens, que impide dejar su disponibilidad a la exclusiva iniciativa de los particulares. Por ello se dice que este principio representa la cara opuesta del dispositivo, que como hemos visto inspira el proceso civil.

Principio oficialidad proceso penal

Normalmente, la iniciativa procesal corresponde a un órgano estatal que actúa de oficio, así como durante su desarrollo y desenlace. En general, no surte efectos el perdón del ofendido, ni su renuncia al ejercicio de acciones. Se parte de la base de que la infracción penal ha afectado a la sociedad en su conjunto y ésta reacciona activando los mecanismos previstos legalmente.

Sin embargo, hemos de efectuar algunas matizaciones. En primer lugar, en nuestro ordenamiento jurídico se permite que la iniciativa corra a cargo de la víctima (acusador particular) o de un tercero ajeno al delito (acusador popular); no obstante, ha de quedar claro que, si éstos no intervienen, el proceso por delito público se iniciará de oficio. En segundo lugar, en los delitos semipúblicos, para que se pueda actuar procesalmente, se necesita la previa denuncia de la parte ofendida. Además, existen delitos que solamente son perseguibles a instancia de parte (los llamados delitos privados: injuria y calumnia contra particulares), sin que quepa su iniciativa de oficio, ni intervenga el Ministerio Público. Por último, hay que tener presente que, para la celebración del juicio oral (la etapa trascendental del proceso penal), se necesita que haya un acusador y un acusado; si falta alguno de ellos (bien porque el Ministerio Fiscal no estima oportuno ejercer la acusación, y no existe otra persona dispuesta a mantenerla, bien por ausencia del acusado) el juicio no tendrá lugar; en otras palabras, el proceso penal se desarrolla de oficio, aunque sin alcanzar su completo desarrollo.

Por otra parte, no puede olvidarse el creciente auge del principio de oportunidad, que se manifiesta en la posibilidad de poner término al proceso pro el acuerdo alcanzado entre las partes, bajo ciertos requisitos (entre otros, la conformidad del acusado con el escrito de acusación que contenga pena de mayor gravedad).

Fuente:
Introducción al Derecho Procesal, José Martín Ostos.