miércoles, 27 de febrero de 2013

Tribunal Internacional de la antigua Yugoslavia



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La Resolución 827 (1993), de 25 de mayo, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó un Tribunal Internacional para el castigo de los crímenes internacionales perpetrados en la antigua Yugoslavia. Tiene su sede en La Haya.

Este Tribunal tendrá competencia para enjuiciar a los presuntos responsables de violaciones graves del Derecho Internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia a partir de 1991. Son éstas: las violaciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949 (homicidio, tortura, toma de civiles como rehenes, deportación o reclusión ilícitos de un civil, etcétera), la violación de las leyes o usos de la guerra (entre otros: empleo de armas tóxicas, destrucción arbitraria de ciudades, bombardeos de pueblos y viviendas, pillaje de bienes públicos o privados), genocidio (actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso) y crímenes de lesa humanidad (cometidos contra la población civil durante un conflicto armado: asesinato, esclavitud y deportación, entre otros).

La responsabilidad penal será individual (persona que haya realizado, planeado, instigado u ordenado la comisión de un delito de los mencionados). La jurisdicción territorial abarcará el territorio de la ex República Federativa Socialista de Yugoslavia, con inclusión de su superficie terrestre, su espacio aéreo y sus aguas territoriales. La jurisdicción temporal comenzó el 1 de enero de 1991.

Este Tribunal Internacional se compone de los siguientes órganos: las Salas (dos de Primera Instancia, formadas por tres magistrados cada una, y una de Apelaciones, con cinco magistrados), el Fiscal y una Secretaría. El Presidente del Tribunal, elegido por los magistrados de éste, será un miembro de la Sala de Apelaciones, que también presidirá. El Fiscal, que se encargará de la investigación y la acusación, y actuará como órgano independiente del Tribunal Internacional, será designado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a propuesta del Secretario General. La Secretaría se encargará de la administración y de los servicios del citado Tribunal (el Secretario será igualmente nombrado por el Secretario General de las Naciones Unidas).

La antedicha Resolución de creación regula la investigación y preparación de la acusación, el examen de ésta, la iniciación y tramitación del juicio, los derechos del acusado, la protección de las víctimas y los testigos, el fallo, las penas, la apelación, la revisión, la ejecución de la sentencia, el indulto o conmutación de la pena, la cooperación y asistencia judicial, el carácter, prerrogativas e inmunidades de los miembros del Tribunal, así como los gastos del mismo.

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Fuente:
Introducción al Derecho Procesal, José Martín Ostos, páginas 169 y 170.