jueves, 7 de febrero de 2013

Tribunal Penal Internacional



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En el Boletín Oficial del Estado de fecha 27 de mayo del año 2002 se publicó el Instrumento de Ratificación por España del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma el 17 de julio de 1998. El citado Estatuto entró en vigor, conforme a lo dispuesto en su artículo 126, el 1 de julio de 2002.

En el mismo se afirma que, concedida la autorización para la prestación del consentimiento del Estado mediante la Ley Orgánica número 6/2000, de 4 de octubre, de acuerdo con lo previsto en el artículo 93 CE y, por consiguiente, cumplidos los requisitos exigidos por la legislación española, se extiende dicho Instrumento de Ratificación, con la siguiente Declaración a efectos de lo previsto en el apartado b) del párrafo 1 del artículo 103 del Estatuto: "España declara que, en su momento, estará dispuesta a recibir a personas condenadas por la Corte Penal Internacional, a condición de que la duración de la pena impuesta no exceda del máximo más elevado previsto para cualquier delito con arreglo a la Legislación española" (el citado apartado del mencionado precepto del Estatuto contempla la posibilidad de que, en el momento de declarar que está dispuesto a recibir condenados, el Estado podrá poner condiciones a reserva de que sean aceptadas por la Corte y estén en conformidad con la presente Parte; a nuestro juicio, esta condición es coherente con la legislación española, que no admite la cadena perpetua, lo que sí hace el Estatuto en su artículo 77).

Mediante su depósito ante el Secretario General de las Naciones Unidas, de acuerdo con el artículo 125 de este Estatuto, España pasó a ser Parte del mismo.

En la normativa se recoge, además de numerosos preceptos de Derecho penal (entre otros, los referidos a los principios generales, de acertada incorporación), bastantes de naturaleza procesal (cabe mencionar los relativos a la composición y administración de la Corte, a la investigación y el enjuiciamiento, juicio, recursos, cooperación internacional y asistencia judicial, y ejecución). Sobran comentarios sobre la trascendencia del paso dado, con vista a una futura jurisdicción penal universal, anticipo de los restantes órdenes jurisdiccionales.

Por otra parte, en la Ley Orgánica 15/2003, modificadora del Código Penal español, se regulan conducta punibles en relación con el Tribunal Penal Internacional (por ejemplo, testigo que falte a la verdad, presentación de pruebas falsas, destrucción o alteración de pruebas, influencia sobre un testigo o sobre un funcionario del Tribunal...).

Sin embargo, de especial importancia resulta la Ley Orgánica 18/2003, de 10 de diciembre (BOE de 11), de Cooperación con la Corte Penal Internacional. La estructura de esta ley parte del presupuesto del carácter autoejecutivo de numerosos preceptos del Estatuto de Roma, en condiciones que permiten su aplicación directa por los tribunales, en aquellos sistemas, como el español, en los que los tratados pueden ser aplicados directamente cuando el contenido material de la norma internacional así lo permita. En lógico desarrollo de ese planteamiento, la ley sólo regula aquellos aspectos orgánicos, procesales y procedimentales que permitan la aplicación concreta del Estatuto, evitando reproducir preceptos de éste que serían redundantes (así, se incide en: el llamado mecanismo de activación, los eventuales conflictos competenciales entre la Corte y los tribunales españoles, la entrega a la Corte de una persona reclamada por la misma, el auxilio judicial internacional, la ejecución de sentencias, la reparación a la víctima y la competencia de la Audiencia Nacional para ciertos asuntos).

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Fuente:
Introducción al Derecho Procesal, José Martín Ostos, páginas 164 y 165.