domingo, 3 de marzo de 2013

Historia de la administración de justicia



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Conforme las personas se fueron organizando en comunidad, una vez superadas las primitivas manifestaciones de la autotutela, aquéllas comenzaron a someter sus controversias a la decisión de un tercero. Puede afirmarse que la autodefensa es a la vida individual lo que la heterocomposición al régimen de vida en sociedad.

En virtud de ese tácito acuerdo social -en cuya aparición no hay que desdeñar algún componente de sumisión forzosa-, los miembros de una colectividad, más o menos numerosa, exponen los problemas que surgen entre ellos a la resolución, generalmente irrevocable, de un cualificado sujeto de la misma. A lo largo de la historia han sido variados los criterios seguidos para atribuir dicha potestad decisoria; así, se ha recurrido a la edad (como fuente de experiencia y sabiduría), al brazo más fuerte (que imponía decisiones indiscutibles) e, incluso, la magia (con consideraciones cuasi divinas, cuando no esotéricas). Todavía, hoy día, podemos comprobar vestigios de tales manifestaciones de administración de justicia en numerosas comunidades humanas, pertenecientes a pueblos indígenas, por lo general alejados en su organización y funcionamiento social de la moderna estructura del Estado, aunque convivan formalmente en su seno.

Más tarde, paulatinamente y de manera paralela a la aparición de formas más civilizadas de vida en común, la función de administrar justicia se va atribuyendo de forma estable a determinados miembros de la sociedad, bien de modo anejo al cargo que ostentan (por ejemplo, alcalde, gobernador), bien con carácter exclusivo a otras personas (esto último motivado por la diversidad del ordenamiento jurídico a aplicar).

En todo caso (salvo las lejanas y primitivas formas de composición individual, ausentes por completo de rito alguno), resulta manifiesta la atribución a un tercero, o a un colegio reducido de personas escogidas, de la facultad de resolver los conflictos planteados por los contendientes. Hasta tal punto ello es así que, físicamente, el juez o tribunal encargado de esa tarea se eleva por encima de las partes, quienes reconocen y acatan su autoridad (llegando a ocupar un sitio preferente bajo un árbol representativo, un dosel simbólico, un otro signo distintivo, y generalmente acompañado de protección armada).

En la actualidad, en las sociedades más desarrolladas, con un conjunto normativo amplio y complejo, la tarea de administrar justicia se encomienda a un personal técnico y cualificado, con dedicación exclusiva y excluyente (sólo se dedican a ello, sin que pueda ser invadida su esfera por otros). Se mantiene, por supuesto, el carácter de tercero supra partes, intrínseco a la propia esencia de la labor juzgadora. Esa distribución de roles -que, gráficamente, podemos representar por un triángulo- es aplicable a todo proceso de cualquier orden jurisdiccional.

En España, después de las vicisitudes consustanciales a dilatados períodos históricos, desde hace mucho tiempo, son los jueces y magistrados los encargados de administrar justicia. Generalmente se trata de funcionarios pertenecientes a la Carrera Judicial (salvo excepciones: titulares de los Juzgados de Paz, miembros de la Sección de Hechos del Tribunal del Jurado, de los tribunales consuetudinarios, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y de la jurisdicción militar).

En todo caso, obviamente nos hallamos en presencia del personal más importante que interviene en la administración de justicia, por la singular función que realiza, ya que es el jurisdiscente, esto es, el encargado de la tarea de impartirla. Sin éste, no se podría administrar aquélla. Se trata, pues, de un elemento imprescindible.

Fuente:
Introducción al Derecho Procesal, José Martín Ostos, páginas 176-177.