sábado, 19 de diciembre de 2015

Proceso penal (X): el acusador particular



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Hay que tener en cuenta una serie de nociones que han de quedar claras para entender debidamente la figura del acusador particular.

Acusador particular y Derecho procesal

- Nociones a tener en cuenta para con la figura del acusador particular


+ Artículo 24.1 de la Constitución: protección judicial de los derechos


A este respecto, hay que destacar la crucial importancia del art. 24.1 de la Constitución Española, que nos habla de la protección judicial de los derechos: “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.

+ Capacidad para ser parte y capacidad procesal


La primera es la aptitud genérica que una persona tiene para ser demandante o demandado en un proceso, cualquiera que éste sea y aunque nunca llegue a litigar (los artículos 29 y 30 del Código Civil y el artículo 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, regulan esta figura). La capacidad procesal se refiere a la capacidad para comparecer en juicio y poder realizar, dentro del juicio, actos procesales válidos.

+ Distinción entre ofendido y perjudicado


En el Derecho Penal se considera ofendido como tal al titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por el delito. En cambio, se debe entender por perjudicado a quien sufre alguna consecuencia dañosa derivada de una infracción penal, sin ser titular del bien jurídico lesionado. La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) utiliza ambos término indistintamente, pero se ve claramente que no son coincidentes.

+ Distinción entre delitos públicos y delitos semipúblicos


Son delitos públicos los perseguibles de oficio, sin necesidad de denuncia ni de querella del ofendido o de sus representantes legales. Son semipúblicos (o semiprivados) aquellos cuya persecución no puede iniciarse de oficio, de modo que su investigación y enjuiciamiento está condicionada a la concurrencia de una condición objetiva de perseguibilidad: la previa denuncia de la persona ofendida o de su representante legal.

+ La acción penal y la acción civil se pueden ejercitar conjuntamente en el proceso penal


De hecho, se entiende que se ejercita si no se dice lo contrario, en los supuestos de posible reserva de la acción civil para la jurisdicción civil.

- Ejercicio de la acción penal por el ofendido/víctima/agraviado por el delito o falta


Conforme al art. 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “todos los ciudadanos españoles, ofendidos o no por el delito, así como los extranjeros si han sido ofendidos en su persona, bienes o personas o bienes de sus representados, pueden mostrase como partes acusadoras, mediante el ejercicio de la oportuna querella”. De este modo, cualquier ofendido (español o extranjero) por un delito público puede ser parte en un proceso penal, y parte acusadora, para lo cual bien puede deducir la querella, o bien, en sede de procedimiento abreviado o juicios rápidos, manifestar su voluntad de constituirse en tal condición en el trámite de ofrecimiento de acciones (arts. 109, 110, 761 y 797 de la LECrim). Si son ofendidos por el delito, sus herederos o representantes, no se les exigirá la prestación de fianza, así como a los extranjeros, salvo lo que se pueda acordar por los Tratados Internacionales o por el principio de reciprocidad, y todos gozan del derecho a obtener la asistencia jurídica gratuita.

Al ser indisponible la acción penal por delitos públicos, la renuncia o el perdón no producen ningún efecto en el proceso, si otra acusación mantiene la pretensión.

- El acusador particular ofendido por delitos semipúblicos


Las normas generales son las mismas que las anteriormente descritas. Si bien, la Ley confiere a la voluntad del ofendido un papel importante. Basta la denuncia del ofendido para que el Ministerio Fiscal pueda intervenir sosteniendo la acusación.

En los casos en que el Código Penal lo autoriza, el perdón expreso de la víctima otorgado antes de iniciar la ejecución de la pena impuesta, producirá el efecto de extinguir la responsabilidad criminal.

Delitos semipúblicos: agresiones, acoso y abusos sexuales; descubrimiento y revelación de secretos; infracción del deber de prestación de alimentos; daños por imprudencia grave; reproducción asistida sin consentimiento de la mujer; infracciones de la propiedad intelectual e industrial, y delitos contra el mercado y los consumidores; delitos societarios o ciertas faltas. Sólo en los indicados en cursiva, el perdón extingue la responsabilidad criminal.

- El acusador particular ofendido por delitos privados


Es aquel ofendido por un delito solo perseguible a instancia de parte. Al no intervenir el Ministerio Fiscal, se precisa querella. El perdón siempre produce la extinción de la responsabilidad criminal, a diferencia de los delitos públicos y semipúblicos (en éstos últimos, sólo en ciertos casos). Estos delitos han quedado reducidos a la calumnia e injuria hechas contra particulares.

El ejercicio de este tipo de pretensión está sujeto a dos condiciones:

1º.- Que se intente previamente la conciliación, debiendo acreditarse con la interposición de la querella.

2º.- Que si la calumnia o injuria se ha producido en juicio, se exige licencia del Juez o Tribunal ante el cual se profirieron.

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- Proceso penal: otros artículos en nuestro blog de Derecho procesal


+ Proceso penal (I): partes en el proceso penal

+ Proceso penal (II): el actor civil

+ Proceso penal (III): efectos de la ausencia del acusado

+ Proceso penal (IV): objeto del proceso penal

+ Proceso penal (V): las cuestiones prejudiciales en el proceso penal

+ Proceso penal (VI): derechos del imputado

+ Proceso penal (VII): el responsable civil

+ Proceso penal (VIII): el sistema procesal penal, concepto introductorio

+ Proceso penal (IX): el Ministerio Fiscal (acusador público)

+ Proceso penal (XI): parte acusada

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Imagen: Europa Press

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Alberto Freire
Alberto Freire es graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.