lunes, 28 de diciembre de 2015

Proceso penal (XI): parte acusada



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Se denomina investigado/encausado [dependiendo de la situación procesal en la que nos hallemos (antes de la reforma de 2015 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se le conocía como imputado)] a la parte pasiva del proceso penal; aquélla contra la que se dirige la pretensión penal y se solicita la imposición de una pena o medida de seguridad, pudiendo también exigírsele la responsabilidad civil derivada del hecho punible.

Parte acusada y Derecho Procesal Penal

Es parte esencial y necesaria del proceso penal, pues es el titular del derecho fundamental de defensa. En todo caso, se ha de tratar de una persona física “viva”, si bien, de los delitos cometidos por personas jurídicas responden sus representantes legales (con las excepciones del art. 31 bis del Código Penal). Leer: Artículo 31 bis del Código Penal.

El investigado/encausado ha de gozar de capacidad, limitándose a requerir la aptitud necesaria para participar de modo consciente en el proceso y comprender sus actos. La mayoría de edad penal se estable por el Código Penal a los 18 años. Si se trata de un enajenado mental, la declaración de su incapacidad exigirá la celebración del juicio oral a los efectos de la imposición de las medidas oportunas. La enajenación mental en el momento de la comisión del hecho o enajenación mental sobrevenida serían claro ejemplo de la falta de capacidad procesal.

- Parte acusada en el proceso penal: terminología


+ Investigado/encausado


Es aquella persona sospechosa de hacer cometido una acción criminal y frente a la cual se ha operado alguno de los actos que el art. 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal considera hábiles para otorgar la condición de investigado/encausado. La adquisición de la condición de inculpado o investigado/encausado convierte a una persona en parte en el proceso penal y puede ejercitar ya el derecho de defensa. Adquiere esta condición desde que, de cualquier actuación procesal, se derive la atribución de un hecho punible a una persona determinada, lo que será puesto en su conocimiento.

+ Procesado


Se denomina procesado a quien ha sido “formalmente imputado” en el “proceso ordinario”, y sólo en este procedimiento, por delitos en virtud de haberse dictado frente a él el auto de procesamiento (art. 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

+ Acusado


Es aquella persona frente a la cual se ha formulado una acusación en sentido estricto. En el procedimiento ordinario por delitos, el escrito de calificación provisional; en el abreviado, juicios rápidos y jurado, el escrito de acusación.

+ Condenado


Se denomina así a quien ha sido declarado culpable en sentencia penal firme. Si estamos ya en la fase de ejecución de la sentencia, al condenado se le suele denominar “reo” (o penado).

- La adquisición de la condición de investigado/encausado


El momento en que se adquiere la condición de imputado (como se ha conocido hasta hace una semana escasa a la actual figura de investigado/encausado) es esencial para garantizar el derecho de defensa, ya que este nace desde que se adquiere la cualidad de investigado/encausado. La imputación se debería considerar, por tanto, desde una doble perspectiva: 1ª) como garantía del derecho de defensa, inmediata y sin necesidad de resolución judicial que atribuyera formalmente dicha condición; 2ª) como presupuesto para limitar derechos del investigado/encausado, siempre previa su determinación formal a través del correspondiente auto motivado.

Conforme al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la condición de investigado/encausado (o inculpado) se adquiere:

a) Desde que una persona es sometida a cualquier medida cautelar, especialmente la detención.

b) Desde la “admisión” de la denuncia o querella (no es admisible investigar de cara a admitir la denuncia).

c) Desde que se comunique a un sujeto la existencia de un procedimiento en marcha.

d) Desde que se pronuncie frente a él auto de procesamiento en el procedimiento ordinario por delito.

e) Desde que se produzca cualquier actuación procesal en la que se impute un delito a persona o personas determinadas.

El Tribunal Constitucional ha sentado una doctrina jurisprudencial que obliga al órgano jurisdiccional a interrogar a todo imputado (investigado/encausado) con carácter previo a dirigir contra él la acusación. Esto está elevado en la actualidad a rango normativo conforme al artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Uno de los efectos que despliega el derecho de defensa es la imposición del deber de respetar el derecho a la asistencia letrada de todo investigado/encausado, con independencia de su situación personal.

Destacamos que se puede abrir un proceso penal sin imputado, en su fase de instrucción (salvo en los delitos privados), pero nunca puede abrirse el juicio oral si no existe acusado.

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- Proceso penal: otros artículos en nuestro blog de Derecho procesal


+ Proceso penal (I): partes en el proceso penal

+ Proceso penal (II): el actor civil

+ Proceso penal (III): efectos de la ausencia del acusado

+ Proceso penal (IV): objeto del proceso penal

+ Proceso penal (V): las cuestiones prejudiciales en el proceso penal

+ Proceso penal (VI): derechos del imputado

+ Proceso penal (VII): el responsable civil

+ Proceso penal (VIII): el sistema procesal penal, concepto introductorio

+ Proceso penal (IX): el Ministerio Fiscal (acusador público)

+ Proceso penal (X): el acusador particular

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Alberto Freire
Alberto Freire es graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.