martes, 31 de mayo de 2016

Alcance de la jurisdicción penal: límites subjetivos, objetivos y territoriales



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Jurisdicción es la potestad del Estado de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado instrumentalizada a través de Juzgados y Tribunales.

Jurisdiccion penal y Derecho procesal

La función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado se ejercita de forma exclusiva por los órganos integrados en el Poder Judicial, mediante la aplicación imperativa de las normas que conforman el ordenamiento jurídico.

En el orden penal, los Juzgados y Tribunales tienen atribuida la investigación y enjuiciamiento de las causas y juicios criminales, con excepción de las que correspondan a la jurisdicción militar.

La jurisdicción penal se extiende a todo el territorio español con independencia de la nacionalidad de quien cometiera el delito o de la naturaleza del bien jurídico protegido, y sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que España sea parte.

- Excepciones para con el principio de territorialidad


El principio de territorialidad presenta una serie de excepciones que permiten extender la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles a delitos cometidos fuera del territorio nacional.

+ Fuero de la nacionalidad


Los Juzgados y Tribunales españoles conocerán de los delitos cometidos en el extranjero por ciudadanos de nacionalidad española cuando el hecho sea punible en el lugar de ejecución, se interponga querella ante los Tribunales españoles, y no haya sido el delincuente absuelto, indultado o penado en el extranjero por aquel mismo hecho.

+ Delitos que atenten contra los intereses esenciales del Estado español


Los Juzgados y Tribunales españoles conocerán de delitos que atenten contra los intereses esenciales del Estado español por las graves consecuencias que para los intereses del Estado puede derivarse de la comisión de aquéllos.

Conocerán, entre otros, de los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado, contra el titular de la Corona, su Consorte, Sucesor o Regente, rebelión y sedición, o delitos contra la Administración Pública española.

+ Jurisdicción universal


Los Juzgados y Tribunales españoles son competentes para el conocimiento de determinados delitos que, al lesionar bienes jurídicos que afectan a la Comunidad Internacional, son susceptibles de ser perseguidos por cualquier Estado independiente del lugar de comisión o la nacionalidad de sus autores.

Las últimas reformas legales operadas han limitado los supuestos en los que los órganos judiciales españoles pueden conocer de estos delitos, exigiéndose la existencia de punto de conexión para poder asumir su conocimiento.

En sentido contrario, existen supuestos en los que se produce una cesión de la jurisdicción que posibilita que los Tribunales de un tercer Estado puedan conocer de hechos criminales cometidos en España.