jueves, 2 de junio de 2016

El acusador particular



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El acusador particular es la persona ofendida por el delito, es decir, el titular del bien jurídico protegido por la norma penal presuntamente quebrantada, que decide constituirse como acusación.

Acusador particular y Derecho Procesal Penal

En la práctica judicial, se admite como acusador particular, asimismo, al perjudicado por el delito, que es todo aquel que sufre un daño derivado de la actuación delictiva, aun cuando no sea el titular del bien jurídico.

Por ejemplo, en casos de homicidio, el muerto, como titular del bien jurídico protegido, en este caso, la vida, sería el ofendido, mientras que los perjudicados serían sus familiares u otras personas económicamente dependientes de aquél.

El fundamento constitucional del ejercicio de la acción penal por parte del ofendido se encuentra en el art. 24 CE, a diferencia del acusador popular, cuyo reconocimiento constitucional se encuentra en el art. 125 CE, fuera, por lo tanto, de la sección de la CE rubricada “De los derechos fundamentales y libertades públicas”.

Acusador particular pueden serlo tanto las personas físicas, nacionales o extranjeras, como las personas jurídicas.

Pueden ocupar la posición de acusador particular el Estado y las Administraciones Públicas, así como ciertos entes sin personalidad, siempre que de acuerdo con la LEC ostenten capacidad para ser parte.

El único requisito para afirmar la legitimación de Estado y Administraciones Públicas para ser acusador particular es que afirmen haber sido ofendidos por el delito.

El acusador particular puede constituirse como tal, bien a través de la interposición de una querella, o bien, una vez iniciada la causa, expresando su voluntad a tal fin, a través de su mera personación, sin necesidad de interponer querella.

El acusador particular está exento de prestar fianza.

El Letrado de la Administración de Justicia debe instruir al ofendido por el delito de las posibilidades de actuación que le corresponden, informándole, además de que, en el caso en que decida no ejercer la acción penal, sin renunciar ni reservar la acción civil, será el Ministerio Fiscal el encargado de ello.

El ofendido puede constituirse como acusación particular, ejercitando la acción penal para pedir la condena del encausado, renunciando o reservándose la acción civil, para su ejercicio en un posterior proceso, ante los órganos judiciales del orden jurisdiccional civil.

El ofendido puede ejercitar sólo la acción civil, constituyéndose como actor civil, solicitando la restitución, reparación o indemnización del daño causado por el hecho ilícito en que consiste el delito, actuando como acusador el Ministerio Fiscal.

El ofendido puede acumular ambas acciones, la civil y la penal, lo cual ocurre siempre que el particular se constituya como acusación, mientras no renuncie o reserve expresamente la acción civil para su ejercicio posterior.