miércoles, 1 de junio de 2016

La extradición y la Orden Europea de Detención y Entrega



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Como regla general, para poder acusar y en su caso condenar a una persona es necesario que se encuentre a disposición del órgano jurisdiccional competente, ante el que lo sea para la investigación o para el enjuiciamiento, según corresponda. Se arbitran mecanismos procesales con la finalidad de que el sujeto sospechoso, acusado o condenado por la comisión de hechos delictivos pueda ser entregado a las autoridades judiciales de aquel Estado que lo reclama.

Extradicion y Derecho procesal

Si el sujeto se encontrara en España pero no pudiera ser localizado, el órgano jurisdiccional competente emitirá una requisitoria de llamamiento y busca.

Si se sospecha que el sujeto se encuentra en otro país, se utilizarán para su localización otros instrumentos de carácter transnacional, como el Sistema de Información Schengen, o bien se hará uso de los recursos que a tal fin ofrecen Europol o Interpol.

Los dos principales mecanismos procesales para alcanzar el fin de poner el sujeto sospechoso o condenado a disposición del órgano jurisdiccional competente son la extradición y la Orden Europea de Detención y Entrega.

La extradición y la Orden Europea de Detención y Entrega –OEDE– tienen naturaleza jurídica, presupuestos y ámbitos de aplicación distintos.

- La extradición


La extradición es el instrumento a utilizar cuando el sujeto ausente se encuentra en un Estado en el que no opera la Orden Europea de Detención y Entrega.

Hablamos de extradición activa cuando son las autoridades españolas las que solicitan la entrega y de extradición pasiva cuando es otro Estado el que solicita el auxilio judicial internacional a España.

En materia extrajudicial son de aplicación los numerosos Tratados y Convenios bilaterales o multilaterales suscritos y ratificados por España.

La extradición es una institución de naturaleza mixta, jurisdiccional y gubernativa: una vez que el juzgado o tribunal competente solicita la extradición de un sujeto sobre el que recae una imputación o que ha sido condenado, es en último término el Ministerio de Asuntos Exteriores el que decide si procede solicitar o conceder la extradición.

En materia de extradición suele regir el principio de doble incriminación, debiendo los hechos ser punibles en ambos Estados.

La extradición sólo procede por delitos graves que no hayan sido previamente enjuiciados, y suele excluirse expresamente la entrega de nacionales para ser juzgados o para que cumplan condena en otro Estado que no es el propio de la nacionalidad.

- La Orden Europea de Detención y Entrega –OEDE–


La Orden Europea de Detención y Entrega es uno de los instrumentos adoptado en aplicación en el ámbito procesal penal del llamado principio de reconocimiento mutuo de resoluciones penales de la Unión Europea.

La Orden Europea de Detención y Entrega implica una cooperación directa entre órganos jurisdiccionales de distintos Estados sin dependencia o vinculación con decisiones administrativas o razones políticas.

La Orden Europea de Detención y Entrega es una resolución judicial dictada en un Estado miembro de la Unión Europea cuya finalidad es que se proceda a la detención y la entrega por otro Estado miembro de una persona a la que se reclama por la justicia.

En el ámbito de aplicación de la Orden Europea de Detención y Entrega no opera el requisito de la doble incriminación para un amplio listado de delitos graves si el hecho estuviera castigado en el Estado de emisión con privación de libertad de tres años de duración o más.

Los motivos de denegación del reconocimiento de la Orden Europea de Detención y Entrega están tasados en las normas y no atienden a razones de índole gubernativa o política, a diferencia de la extradición.

Para que la autoridad judicial española pueda dictar una OEDE con el fin de posibilitar el ejercicio de acciones penales deberán concurrir además los requisitos previstos en la LECrim o los de la Ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

La autoridad judicial española sólo podrá dictar una Orden Europea de Detención y Entrega para el cumplimiento de pena por el reclamado cuando no sea posible la sustitución ni la suspensión de la pena privativa de libertad a que hubiera sido condenada esa persona.