miércoles, 1 de junio de 2016

El imputado o investigado



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Ha sido heterogénea la forma empleada para denominar a la persona que genéricamente se designa como sujeto pasivo del proceso penal o imputado. Recientemente, se ha determinado que se denomine “investigado” a la persona sujeta a una investigación por su relación con un delito, y “encausado” a aquél a quien se imputa formalmente por el órgano jurisdiccional, finalizada la instrucción, la participación en la comisión de un hecho delictivo concreto.

Imputado o investigado y Derecho procesal

Es necesaria la existencia de al menos un imputado, para que pueda llevarse a cabo la fase de juicio oral, en la que se denominará, ya con mayor rigor “acusado”.

El imputado es la parte pasiva necesaria en el proceso penal.

El imputado es parte porque actúa en el proceso penal ejercitando derechos propios.

El imputado es parte pasiva porque ocupa el lado opuesto a quienes ejercitan la pretensión penal.

El imputado es parte necesaria porque el proceso penal ha de dirigirse frente una persona cierta, ya que sin acusado no se abrirá el juicio oral, aunque en determinados supuestos su presencia física no es indispensable.

- Capacidad y legitimación para ser parte


Tienen capacidad para ser parte, esto es, para ocupar una posición –en este caso la pasiva– en un proceso penal, las personas físicas vivas, y actualmente también las personas jurídicas.

En cuanto a la capacidad procesal, en el proceso penal, la tendrá toda aquella persona que pueda participar conscientemente en el proceso, exigiéndose únicamente tener aptitud para entender y explicarse voluntariamente.

De este modo, posee capacidad procesal el menor de 18 años si actúa conscientemente en juicio, aunque conforme al Código Penal no sea responsable criminalmente con arreglo a dicho Código.

El menor de 18 años puede actuar válidamente en el proceso para alegar tal circunstancia y lograr la resolución del Juzgado de Menores si no hubiera sido apreciada de oficio por el Juez.

Los enajenados tienen también, en principio, capacidad procesal, pues para ser jurídicamente incapacitado debe haber una sentencia firme que así lo declare.

La mera alegación de enajenación mental por el imputado no merma su capacidad procesal, sino que habrá de ser verificada en el proceso.

La adquisición de la condición de imputado y, en consecuencia, la legitimación para actuar como parte pasiva en el proceso penal, se adquiere a través de cualquiera de las vías que señala la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La importancia de la imputación proviene de que a partir de ese momento la persona contra la que se dirige puede ejercitar el derecho de defensa en su más amplio contenido.

- Presencia y ausencia del imputado o investigado en el proceso


El proceso penal requiere una situación normal de presencia. La ausencia es anormal y como tal produce unos efectos.

En la fase de instrucción, la presencia del imputado sería una carga procesal por la que el mismo se encuentra en una situación procesal de necesidad de comparecer en el proceso para evitar que le sobrevenga un perjuicio procesal.

Si el imputado no está presente en la fase de instrucción no podrá intervenir ni solicitar la práctica de las diligencias que puedan convenirle para su defensa, salvo, claro está que el órgano jurisdiccional adopte medidas cautelares de carácter personal contra él, como la detención, en cuyo caso habría de ponerse a su disposición.

Distinto tratamiento tiene la ausencia en la fase de juicio oral, pues por lo general es requisito imprescindible para su celebración la presencia del acusado.

En el caso de que el imputado no pueda ser habido y sometido al proceso, se procederá a realizar la declaración de rebeldía (previo llamamiento a través de la requisitoria).

En caso de ausencia o rebeldía, si el imputado se coloca fuera del alcance territorial de la jurisdicción española, cabrá el recurso a los instrumentos de cooperación internacional, como la extradición activa o la orden europea de detención y entrega.