lunes, 6 de junio de 2016

La interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas



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La interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas: objeto de la medida, autorización judicial y control judicial de la misma, duración, y garantía de la contradicción.

Interceptacion de comunicaciones y Derecho procesal penal

- Objeto de la diligencia de interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas


El objeto de esta intromisión en el derecho al secreto es la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas de ciertos delitos.

La diligencia podrá acordarse respecto de terminales o medios de comunicación normalmente utilizados por el sujeto investigado, así como al contenido de las comunicaciones o a los datos de tráfico o asociados al proceso de comunicación.

Podrá autorizarse la injerencia tanto respecto de los terminales titularidad del investigado, como de aquellos en los que sea un simple usuario.

Podrá acordarse la intercepción de comunicaciones emitida desde terminales pertenecientes a un tercero, pero únicamente en los casos en los que existan indicios para pensar que este tercero colabora con el investigado en los delitos perseguidos.

- Autorización judicial para con la interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas


Se deben hacer constar aquellos extremos relativos a la identificación de los terminales que se solicita sean interceptados, los números de abonado en su caso, la identificación de la conexión, del medio de telecomunicación, etc.

Se debe hacer constar la extensión de la medida instada, es decir, si se trata de captar contenidos y cuáles o solo los datos de tráfico.

Cuando se trate de supuestos de delitos cometidos por bandas armadas o terroristas, de gravedad y urgencia, la autorización podrá ser prestada por el Secretario de Estado de Seguridad, debiendo el Juez competente ratificarla o levantarla en el plazo de 72 horas.

Esta última excepción solo es aplicable a la intervención de comunicaciones.

- Control judicial de la interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas


La ejecución de la medida de interceptación de comunicaciones es ordenada a la policía, que deberá ceñirse a lo establecido en el auto habilitante.

Periódicamente la Policía debe entregar al Juez una transcripción de aquello que considere de interés para la causa, seleccionado por ella misma, así como las grabaciones íntegras.

La ausencia de un control judicial efectivo hace devenir la medida ilícita.

- Duración de la medida de interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas


La duración máxima de la medida de interceptación de comunicaciones será de tres meses, prorrogable por periodos de igual duración hasta un límite de dieciocho.

Las prórrogas han de basarse en los hallazgos derivados de las interceptaciones, siempre que vengan referidos al delito investigado.

De descubrirse hallazgos casuales se deducirá testimonio inmediato al Juez competente, no siendo lícito esperar al final de las escuchas para hacerlo.

- Garantía de la contradicción


Las interceptaciones de comunicaciones telefónicas y telemáticas son secretas por su propia esencia.

Una vez alzado el secreto, se ha de entregar a las partes afectadas copia de las grabaciones de forma íntegra, salvo aquellos aspectos que afecten a la vida privada, que serán excluidos.

Las partes podrán pedir al Juez la inclusión en las copias de aquellas comunicaciones que consideran relevantes para el caso y que la policía no hubiera hecho constar.

Al proceso solo se incorporarán, pues, aquellas conversaciones decididas por el Juez una vez hayan hecho alegaciones las partes.

El uso de copias no controladas o el de los originales sin someterse a este procedimiento afecta al derecho a la presunción de inocencia y priva de valor a los conocimientos adquiridos.

- Datos electrónicos de tráfico o asociados


Es posible acceder a los datos electrónicos conservados por los prestadores de servicio, la identificación mediante IP, a través de la captación de códigos de identificación del aparato o sus componentes.

El procedimiento para cada uno de estos casos es distinto atendiendo a la naturaleza de los medios y su incidencia en el derecho al secreto de las comunicaciones, no siendo necesaria en todo caso la autorización judicial.