jueves, 2 de junio de 2016

Participación democrática en la Justicia: la acción popular



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El acusador popular es quien, sin ser ofendido por el delito, se constituye como acusación en un proceso penal a través de la interposición de una querella.

Accion popular y Derecho procesal penal

La acción popular goza de reconocimiento constitucional (art. 125 de la Constitución) y se deriva del carácter público de la acción penal.

La legitimación para constituirse como acusación popular corresponde a los ciudadanos españoles, quedando excluidos de su ejercicio los ciudadanos extranjeros.

En cuanto a las personas jurídicas, el Tribunal Supremo, inicialmente, negó que pudieran personarse como acusación, cuando no eran directamente ofendidas por el delito, aunque sí en la actualidad, tras una interpretación amplia del término “ciudadano”.

La acción popular permite a cualquier ciudadano o asociación de nacionalidad española promover la acción de la justicia, en defensa de la legalidad, solicitando la imposición de una pena o de una medida de seguridad por la presunta comisión de un delito.

La acción popular se puede promover aun cuando el Ministerio Fiscal e, incluso, la víctima del delito, entiendan que el ejercicio de la acción penal resulta improcedente.

La Ley excluye de entre los legitimados para ejercitar la acción popular a aquellos que no gocen de la plenitud de los derechos civiles, a quienes hayan sido condenados dos veces, en sentencia firme, por delito de denuncia o querella calumniosas y a los jueces y magistrados.

La Ley no permite, como regla general, el ejercicio de la acción popular entre los cónyuges o entre ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza, por adopción o por afinidad.

Para el ejercicio de la acción popular resulta ineludible la interposición de querella, aun cuando el proceso ya hubiera sido iniciado por el Ministerio Fiscal.

La admisión de la querella convierte al querellante en parte acusadora, equiparable al acusador particular y al Ministerio Fiscal.

Como requisito para que se admita su personación, el acusador popular debe prestar fianza, cuya cuantía será fijada por el Juez o Tribunal.